CONTEXTO Y ANTECEDENTES
En la década de los 90 en Latinoamérica, el reconocimiento de la verdad histórica de las víctimas cobró suma importancia en vista de la violación sistemática y masiva de los derechos humanos en países como Argentina, Chile Bolivia, El Salvador y Guatemala (International Center for Transitional Justice, 2009). Lo que en estos países se dio como consecuencia de las dictaduras militares, en Colombia se dio en el marco de la doctrina de “Seguridad Nacional” del Presidente Julio César Turbay Ayala (Olarte, 2008, pp. 17)
Esto hizo que surgieran en todo Latinoamérica y especialmente en Colombia organizaciones sociales que tenían como fin último la no impunidad y el consecuente castigo a los responsables de los crímenes cometidos en la década de los 80s (International Center for Transitional Justice, 2009). Esto se vio acentuado con el exterminio de la Unión Patriótica, un proceso de exterminio de fuerzas políticas de oposición, un caso en el que se aniquilaron miembros y líderes de un grupo en razón de sus convicciones ideológicas, así como de la persecución de sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social (Cepeda, 2006, pp. 101). Su impacto influyó la consolidación de equipos de trabajo como resistencia a estos eventos, además de resistencia a la eliminación, exilio o inmovilización por su labor. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado nace con el bagaje del proyecto que surgió en respuesta a este contexto, el Proyecto Colombia Nunca Más, impulsada por varias organizaciones de Derechos Humanos, en 1996 (Colombia Nunca Más, 2008). Este proyecto nació con un punto diferencial de suma importancia a los movimientos que surgieron en Latinoamérica, porque su labor de investigación y sustentación de los Crímenes de Estado se da en un contexto en el que estos seguían perpetrándose. El propósito de este proyecto recae en la idea de investigación, para generar movilización social, dado que, al recolectar información sobre lo ocurrido se ayuda a comprender la importancia de los problemas estructurales del Estado que han llevado a la consecución de estos crímenes (Movice, 2015).
Sin embargo, es en el primer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, en donde surgen nuevas medidas sistemáticas de crímenes de Estado en el marco de la doctrina de “Seguridad Democrática”, que el movimiento se consolidaría (Movice, 2015). El paramilitarismo, la militarización social, la parapolítica entre otros preocupan a los integrantes de los movimientos sociales como el proyecto Colombia Nunca Más y logran que estos se organicen. Las negociaciones de Santafé de Ralito y la desmovilización y amnistía para las Autodefensas Unidas de Colombia a través de la Ley 975, la Ley de “Justicia y Paz” llamaron la atención de estas organizaciones en tanto vieron en estas una continuidad de aquello contra lo que luchaban, la impunidad para los crímenes de Estado (Mora, 2010, pp. 9). Es en este ámbito en el que después del II Encuentro Nacional de Víctimas de Lesa Humanidad y violaciones a los derechos humanos surge el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado el 25 de junio de 2005 con la presencia de más de 800 delegados y encuentros regionales en las ciudades de Cartagena, Medellín, Cali, Popayán, Barrancabermeja, Bucaramanga y Bogotá (Movice, 2015).
